Tipos de Estado del Bienestar

Una vez más, os agradecemos que nos mandéis preguntas y aquí estamos repondiendo a ellas. A ver si la próxima es más divertida eso sí jajaja. Espero que exprese adecuadamente esta cuestión ¿vamos al tema? Por cierto, para mandar dudas: @BorjaMontano #CienciaEconomica y la página de facebook de Ciencia Económica.

Gösta Esping-Andersen ha desarrollado una teoría para explicar las diferencias en las evoluciones del Estado del bienestar. Su posición rechaza la visión funcionalista marshalliana que ve el Estado del Bienestar como un producto de la revolución industrial. Para este autor son las cuestiones políticas y la historia de las coaliciones de clase lo que explica estas variaciones. Esping Andersen ha distinguido tres tipos fundamentales: liberal, conservador y socialdemócrata. Esta tipología pone el énfasis en las relaciones de clase y en el modo en que el estado ha tratado de modificar las relaciones de mercado.

El primer modelo, de carácter liberal, tiende a respetar el mecanismo de mercado como proveedor de bienestar. Se potencia la protección social privada y la pública ocupa un lugar subsidiario y atiende sólo a los que son capaces de demostrar la insuficiencia de medios económicos. De acuerdo con ello la atención del Estado se dirige a los casos marginales, mientras la franja productiva de la población se tutela con seguros de empresa o privados. Este modo implica un alto grado de estratificación social y de desigualdad. Son, por ejemplo, los casos de países como Canadá, Australia y EE.UU.

El modelo americano es lo más parecido al liberal clásico. En Estados Unidos, la intervención del estado es limitada, y la redistribución de la riqueza es un objetivo secundario. Los programas sociales sólo cubren a la población más pobre, los subsidios de desempleo son escasos y duran poco, y la sanidad es mayoritariamente privada, con programas públicos sólo para los jubilados y gente con renta muy baja. El mercado laboral está desregulado, con un salario mínimo simbólico y una protección escasa.

El resultado de este modelo es, en líneas generales, conocido. Unos niveles de desigualdad considerables, una escasa movilidad social, y curiosamente una natalidad bastante decente. Ser pobre aquí es peor que en cualquier otra parte, no como se dice a menudo; no hay apenas servicios públicos, el coste de la vida es muy alto, y las bancarrotas personales son abundantes, por no hablar de la delincuencia.

En el segundo tipo, de carácter cristianodemócrata, el estado interviene en el mercado, pero no sobre la estratificación social. Se mantiene la existencia de mutuas y las prestaciones son correspondientes al rédito de partida. Una de las características es la intervención del estado en la defensa y mantenimiento de la familia como proveedora de bienes y servicios sociales. La familia se convierte en uno de los puntales de las políticas sociales. Su estructura de seguros sociales tiende a fomentar una gran diversidad de sistemas ligados al corporativismo y al estatus social y profesional. La intervención del estado es, como en el modelo liberal, subsidiaria. Este es el caso de países como Austria, Francia, Alemania e Italia.

Alemania es el ejemplo clásico del modelo continental europeo, o estado de bienestar cristianodemócrata. En este modelo, la intervención del estado es considerable, pero sin embargo la voluntad redistributiva es limitada. Los programas sociales cubren a toda la población; sin embargo en muchas ocasiones el nivel de estos dependen del nivel de renta previo. El volumen del subsidio de desempleo, por ejemplo, está en relación a lo que se cobraba antes, al igual que las pensiones. Además, los programas universales no acostumbran a tener una calidad estelar, de modo que las clases altas a menudo recurren a sector privado. Tienen mercados laborales férreamente regulados para proteger a los que tienen empleo.  El resultado de estas políticas son sociedades relativamente igualitarias, con niveles de movilidad social no demasiado altos, con niveles de pobreza no excesivos pero con altas

tasas de desempleo merced de la regulación laboral. Los niveles de natalidad varían bastante, aunque no acostumbran a ser altos (Francia es la excepción).

En el tercer tipo, socialdemocracia, el estado interviene no sólo sobre el mercado, sino sobre la estratificación social. Se da así una preeminencia de los servicios nacionales únicos y las prestaciones son universales, es decir, iguales para todos. Este universalismo permite lo que el autor ha denominado la decommodification, que supondría el grado en el cual individuos y familias pueden acceder a un nivel de vida aceptable independientemente de su participación en el mercado. Este modelo tiende así a lograr altos niveles de igualdad social. El caso paradigmático es el de los países escandinavos.

El modelo sueco es el de la socialdemocracia por excelencia. Aquí el estado interviene con fuerza en la economía, y su prioridad es la redistribución de la renta y la igualdad de oportunidades. Los programas sociales son extensivos y cubren a toda la población. Los servicios públicos acostumbran a ser excelentes; sólo los muy ricos no los usan. El estado tiene agresivas políticas de apoyo a la familia en forma de servicios sociales, bajas por m/paternidad, guarderías y ayudas directas, con lo que la natalidad es bastante alta. En cuanto al mercado liberal, la regulación es escasa, con despidos baratos, pero el generoso subsidio de desempleo y las agresivas políticas de inserción laboral compensan esta vulnerabilidad.

El resultado de este modelo es el de sociedades extremadamente igualitarias, con altos niveles de movilidad social, y niveles de pobreza ridículos. Todo eso con niveles de natalidad elevados, envidiable niveles de competitividad industrial e innovación gracias a una mano de obra muy bien preparada, y una apertura al comercio exterior y la globalización altísimas. 

Si miramos el PIB por hora trabajada, Suecia, Francia y Estados Unidos tienen un nivel de ingresos similar. Los americanos son más ricos, en parte porque trabajan de media un 30% más de horas a la semana que los franceses (más de 50 horas de media a la semana). El Estado del bienestar, en contra de lo que se dice a menudo, tiene un efecto muy pequeño sobre el nivel de riqueza de un país, pero sí lo tiene sobre la distribución de la renta y el mercado laboral.

Por lo tanto, cuando se habla de crisis del estado del bienestar, uno debe andar con cuidado. Sí, la baja natalidad en Italia o Alemania ponen en peligro las pensiones, pero no es así en Estados Unidos o Suecia. La sanidad es un desastre en América, no en el resto del mundo; y el paro es grave en Europa continental, pero no en Escandinavia. No hay un estado del bienestar, hay varios. Y no, no afectan a la riqueza sino a la distribución de esa riqueza.

En el caso de España, está en un grupo especial, junto con Portugal y Grecia, se parece a los sistemas cristianodemócratas, aunque es más limitado que estos.

Una de las características más llamativas del Estado del bienestar español es su escasa financiación, lo cual explica su escaso desarrollo. Según los últimos datos disponibles de Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, España tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15 (el grupo de países de semejante desarrollo económico al español). 

Como consecuencia de ello, los servicios públicos del Estado del bienestar (tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales, vivienda social, entre otros) están muy poco desarrollados. 

Sólo una persona adulta de cada diez trabaja en España en tales servicios. En Suecia, el país que tiene un Estado del bienestar más desarrollado, es una de cada cuatro. De nuevo, España es el país que tiene proporcionalmente menos personas trabajando en tales servicios públicos de toda la UE-15.

España se gasta en el Estado del bienestar mucho menos de lo que debería gastarse por su nivel de riqueza. Es una falsedad, por lo tanto, indicar que nos gastamos más en el Estado del bienestar de lo que podemos permitirnos. El país tiene recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge, y ello es resultado de que la mayoría de las rentas superiores no contribuyen al Estado en los mismos porcentajes que sus homólogos en la mayoría de países de la UE-15. Su contribución fiscal real (y no nominal) es mucho menor de la existente para estos grupos de renta en los países del centro y norte de Europa. El fraude fiscal es mucho menor en estos países que en España (y en los otros países del Sur de Europa, como Grecia, Portugal e Italia, que, no por casualidad, son los países de la eurozona que tienen mayores dificultades en pagar su deuda pública).

Tal fraude fiscal se concentra en los sectores más pudientes. Según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español, el 71% del fraude fiscal lo realizan las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), y la banca, alcanzando la enorme cifra de 44.000 millones de euros al año, que, en caso de que se recogieran por el Estado y se gastaran en su Estado del bienestar, reducirían dos tercios del déficit de gasto. No es pues que no nos podamos pagar el escasamente financiado Estado del bienestar, sino que el Estado no ha hecho lo que debería, es decir, enfrentarse con estos poderes fácticos y grupos sociales minoritarios para recoger lo que el país requiere.