Recientemente hemos publicado un artículo a este respecto en la revista internacional de alto índice de impacto Utilities Policy. Eso sí, está en inglés. El artículo cuesta 35,90$ pero lo compartiremos con todos vosotros gratuitamente.
POR FAVOR ACORDAROS DE IR AL FINAL DE LA PÁGINA Y DARLE A"ME GUSTA"
Enlace de Ciencia Económica (gratis) (está en la parte inferior de la pantalla)
Joaquín Melgarejo
Moreno
Professor of History
and Economic Institutions
University of Alicante
(Spain)
jmelgar@ua.es
+34 965 90 3400x 3198
Mª Inmaculada López
Ortiz
Professor of History
and Economic Institutions
University of Alicante
(Spain)
iortiz@ua.es
+34 965 90 3770
Borja Montaño Sanz
Professor of History
and Economic Institutions
University of Alicante
(Spain
+34 965 90 3609
INTRODUCCIÓN
La
nacionalización por el Gobierno argentino del 51% de las acciones de Repsol en
YPF en abril de 2012 no ha sido una sorpresa. La presidenta Cristina Fernández
llevaba tiempo maniobrando para recuperar el control de la empresa y ha elegido
el momento adecuado en función de factores políticos, demoscópicos, económicos
y energéticos que incrementaron el rendimiento de los beneficios que el
Gobierno argentino creyó obtener con la nacionalización. La
presidenta se enfrentaba, en ese momento, a problemas internos derivados de
escándalos de corrupción que habían salpicado incluso al vicepresidente Amado
Boudou, y a una coyuntura económica crecientemente adversa. De ahí, que
incidiera en dos campañas cargadas de significado nacionalista: recuperar las
Malvinas y devolver YPF al pueblo argentino. Además, esta estrategia venía
apoyada por encuestas, ya que la mayoría de la población respaldaba ambas
medidas. En una coyuntura internacional marcada por los altos precios de la energía
y otras materias primas, por la elevada demanda de los llamados países
emergentes, especialmente China e India, resultó tentador renacionalizar los recursos
naturales. A esto se sumó el descubrimiento por Repsol-YPF de un gran
yacimiento de gas de pizarra: la tercera reserva mundial de este hidrocarburo
no convencional, solo por detrás de EE UU y China. Si bien, para explotar Vaca
Muerta y sacarle partido habrá que realizar grandes inversiones y disponer de
una tecnología sumamente sofisticada.
Con
todo, la expropiación de YPF es un paso más en una larga lista de decisiones
crecientemente proteccionistas e intervencionistas del Gobierno argentino: primero
fue la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y de los planes de pensiones
privados; más tarde, la modificación de los estatutos del Banco Central para
flexibilizar el uso de sus reservas, el aumento de las barreras no arancelarias
para bloquear el comercio; y finalmente llegó la expropiación de YPF[1]. Esto
ha ocurrido en un contexto de elevada inflación –cercana al 27% según
estimaciones privadas, aunque según el Gobierno no alcanza el 10%, lo que la
coloca como la más elevada de América Latina-, reducción drástica del crecimiento
y crecientes salidas de capital. Si bien en muchos países emergentes exitosos
encontramos un creciente intervencionismo gubernamental en la economía que
sustenta lo que se conoce como capitalismo de Estado; en Argentina, estas
intervenciones llevan a un capitalismo de
amigos, destinado a incrementar el poder de los círculos cercanos al
Gobierno y a incrementar los subsidios que generalizan el clientelismo[2]. Además, desde hace algún tiempo, el Gobierno argentino
multiplica estas operaciones de distracción, para compensar mediante gestos y
desplantes demagógicos la grave crisis social que ha provocado el mismo con su
política insensata de subsidios al consumo, de intervencionismo en la vida
económica, su conflicto irresuelto con los agricultores y la inseguridad que
han generado su falta de transparencia y constantes retoques y mudanzas de las
reglas de juego en su política de precios y de reglas para la inversión. No es
sorprendente que la inflación crezca, que la fuga de capitales, hacia Brasil y
Uruguay principalmente, aumente cada día y que la imagen internacional del país
se haya venido deteriorando de manera sistemática, imagen que se refleja en el
concepto de riesgo país que se situó en septiembre de 2012 entorno a los 1.050
puntos básicos, por encima incluso de Venezuela (977). No obstante, nadie niega el derecho
soberano de Argentina a la estatalización o nacionalización de sus recursos, en
este caso el petróleo y el gas, pero indemnizar con justiprecio es asimismo una
obligación, que además está reconocida en su ordenamiento jurídico; y esta
indemnización es la que el Gobierno argentino no hace más que discutir y
obstaculizar.
I. El sector de los hidrocarburos en Argentina y su
privatización 1989-1999
Hasta abril de 2012 la Argentina
era, junto con EE.UU., Gran Bretaña, Canadá y Australia, uno de los cinco
países del mundo que tenía una industria petrolera y gasífera totalmente
privada y abierta al juego de los mercados, donde tanto los locales como los
extranjeros podían competir en igualdad de condiciones, ya fuese en actividades
industriales como comerciales. Uno de los rasgos de identidad de las grandes corporaciones
petroleras es la llamada integración vertical; es decir, la realización de
todas las actividades del negocio: exploración-producción de petróleo y gas (upstream), transporte marítimo, refino,
petroquímica, distribución y comercialización (downstream). Esta característica ha prevalecido en el tiempo,
debido tanto a las ventajas de economía de escala, como a la posibilidad de que
un eslabón de la cadena con dificultades temporales pueda recuperarse con la
ayuda de los restantes.
Desde que se descubrió petróleo en
Argentina, en 1907, hasta las privatizaciones de Gas del Estado e YPF en 1992, la
industria creció por ciclos en los que la apertura al capital privado resultó
definitoria para lograr un incremento de la producción.
El petróleo no fue ni un sector liberado a la actividad privada ni
tampoco un sector en el que se impulsó de manera consistente y sostenida la
explotación estatal. A lo largo del siglo, el sector privado participó de
diversas formas en la industria (tanto en el upstream como en el downstream),
pero siempre bajo la amenaza de un cambio abrupto en las reglas del juego. Argentina
adoptó un régimen dominial-regalista, por el cual el recurso pertenece al
Estado nacional, pero puede ser explotado por concesión legal otorgada a
empresas públicas o a inversores privados. Éstos aportan las inversiones y
tecnología para la exploración y explotación de los hidrocarburos descubiertos
así como la operación de las unidades correspondientes, soportando las
consecuencias del riesgo minero. Su principal contraprestación al Estado
concedente es el pago de una regalía que, ordinariamente, es del 12% de la
producción bruta de hidrocarburos, admitiéndose algunas deducciones. El régimen
fiscal es el general para las actividades económicas del país. Durante muchos
años, siguiendo una corriente que aún persiste en varios países, el monopolio
de la exploración y explotación de hidrocarburos recayó en una empresa estatal,
al igual que el transporte y la distribución del gas natural. La identificación
de los hidrocarburos con aspectos relativos a la estrategia nacional y a la
soberanía del Estado hizo que algunas decisiones políticas que posibilitaban el
acceso del capital privado a su explotación fueran más tarde cuestionadas y
revocadas.
Tras décadas de continua
inestabilidad política y económica, el gobierno de Carlos Menem (Partido Justicialista),
que llegó al poder en 1989, puso en marcha un conjunto de medidas políticas y
económicas que, en cierta medida, contribuyeron a generar un marco estable[3].
Dentro de las medidas adoptadas destaca, por un lado, la publicación de la Ley
de Convertibilidad en 1991 que establecía un modelo de caja de convertibilidad
monetaria entre el peso argentino y el dólar estadounidense y, por otro, la
privatización masiva de empresas públicas, así como la concesión de la mayor
parte de los servicios públicos. Las privatizaciones realizadas en Argentina
durante los años noventa no fueron un hecho aislado en Latinoamérica, si no que
formaron parte de un cambio de tendencia y del modelo de la participación del
Estado en la economía. Dicho cambio, en parte, fue consecuencia de las
propuestas de reformas que apoyaron los principales organismos internacionales
que operaban en la región como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y que, en su conjunto, pueden resumirse en el denominado
Consenso de Washington. Los primeros esfuerzos del presidente Menen se
centraron en el Plan de Reforma del Estado (Ley 23.696/89). Dicho Plan de Reforma estaba enfocado a: parar la
hiperinflación existente, equilibrar el presupuesto y modernizar al Estado,
renegociar la deuda e iniciar una política comercial tendente a facilitar la
apertura de la economía. Entre otros efectos, consiguieron vencer la
hiperinflación y recuperar la senda del crecimiento económico, fortalecer el
sector financiero y facilitar la entrada masiva de inversión extranjera
(promedio de 6.760 millones anuales para este decenio, aproximadamente un 2%
del PIB), gracias sobre todo a la realización de privatizaciones masivas de
empresas públicas. Las privatizaciones contribuyeron a mejorar la macroeconomía
del país como consecuencia de la entrada de flujos de capital, la posibilidad
de reducir inicialmente la deuda externa y la reducción del gasto público que
suponía el mantenimiento de un sector empresarial público deficitario.
La mayor parte de los flujos de
capitales de no residentes procedían en un 90% de cinco países. El país con una
mayor inversión realizada en el periodo fue España con un 42%. Este porcentaje
era de un 17% hasta 1998, pero la venta del 14,99% de las acciones que poseía
el Estado en YPF al Grupo Repsol en el año1999 por un importe de 2.010 millones
de dólares, supuso que España pasara a ser el mayor inversor. Otros países que
también participaron muy activamente el proceso de privatizaciones fueron
Estados Unidos (26%), Chile (10%), Francia (7%) e Italia (6%). España jugó un
papel muy destacado como país inversor en las privatizaciones y, en paralelo,
como uno de los principales inversores extranjeros en el país entre 1990 y 1999,
representando un total del 25,2 % del total y aportando un volumen aproximado
de 32.000 millones de dólares. La mayor inversión realizada por España fue la
compra de la petrolera YPF –era y es la primera empresa del país por activos-
por Repsol en 1999, por un importe estimado de 15.400 millones de dólares, lo
que le posicionó como el primer inversor extranjero en Argentina, por delante
de EE.UU.
Con la promulgación de la Ley de
Reforma del Estado de Emergencia Administrativa se pretendía, entre otras
cosas, incrementar la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a partir
de la desregulación de la industria y la libre disposición de los
hidrocarburos; hasta entonces, el mercado interno había estado completamente
regulado, correspondiendo a YPF, a través de la Secretaría de Energía, el
reparto de crudo entre los refinadores, por medio de la llamada Mesa de Crudos.
Los precios estaban regulados y el Estado fijaba los márgenes de los distintos
escalones de la comercialización. Las distintas medidas tomadas eliminaron las
cuotas de crudo y liberalizaron los precios de venta de los hidrocarburos y de
los productos petrolíferos.
En diciembre de 1990 se aprobó el
Plan de transformación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en YPF, S.A., con
el objeto de que sus acciones pudiesen ser ofrecidas en los mercados bursátiles
y en cuyo capital podían participar tanto el Estado argentino como accionistas
privados. Se justificó esta conversión por la necesidad de hacer frente a la
difícil situación económica y financiera y con el fin de alcanzar una gestión
eficiente que permitiera a la empresa competir en un mercado desregulado y
desmonopolizado, dotándola de la máxima autonomía empresarial y liberándola de
las limitaciones y restricciones entonces existentes. En septiembre de 1992 se
dictó la Ley 21145, con dos objetivos: por un lado, transferir a las provincias
el dominio de los hidrocarburos y, por el otro, declarar a YPF sujeta a
privatización total[4].
Se convirtió a las áreas exploradas y explotadas por YPF en el momento de
sanción de la Ley en licencias de exploración y concesiones de explotación en
los términos de la Ley 17319, exceptuándola de las restricciones legales
relacionadas al máximo de áreas que una misma empresa podía explotar y/o
explorar[5]. A
mediados de 1993 se realizó con éxito la Oferta Pública Inicial (OPI) tanto en
el mercado argentino como en el internacional, cuyo resultado fue la
adquisición por el sector privado del 59% de YPF, mientras que el Estado
Nacional mantuvo el 20%, los trabajadores el 10% y las provincias productoras
de petróleo el 11%. En años posteriores la participación de particulares creció
hasta el 75%. En total en la OPI se obtuvieron US$ 3.040 MM por el 45% de las
acciones, cifra que luego se incrementó como consecuencia de las colocaciones
adicionales de acciones realizadas (Gadano, 1998:26). La privatización de YPF
fue la primera de las realizadas en Argentina en la que no se entregó el
control de la empresa a un operador internacional, sino que se vendieron las
acciones en forma atomizada. La producción de petróleo de YPF en Argentina
representaba en 1993 el 47% de la producción total del país y del 59% del gas
natural. En cuanto al refino, contaba con siete refinerías de petróleo
operativas en 1992; su capacidad total ascendía al 52% y disponía de una red de
2.700 estaciones de servicio, el 54% de las existentes en Argentina. En un
primer momento las acciones de YPF se distribuyeron de la siguiente manera: 20%
pertenecían al estado nacional, 11,26% a las provincias, 10% al personal de
YPF, un 46,44% fueron vendidas en distintas bolsas de valores y un 12,3% fueron
transferidas a los jubilados (en compensación por la caída de valores de los
Planes de Jubilación).
Fuente:
Rodríguez Martín, 2005. Elaboración Propia.
En
1998 Repsol compró al Estado argentino en subasta pública el 14,9% de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y un año más tarde incrementó su
participación al 82,47% a través de una OPA. En julio de 2000 Repsol canjeó
acciones suyas por las de YPF que todavía quedaban en manos de los accionistas
minoritarios, con lo que su participación se elevó al 98,99%; y desde julio de
2000 Repsol pasó a denominarse Repsol-YPF. La inversión total ascendió a 15.066
millones de dólares y se financió por medio de emisiones de renta fija y una
ampliación de capital[6]. El Estado Nacional, así como los gobiernos de Mendoza,
Chubut y Santa Cruz, ingresaron importantes cifras por la venta de su porción
de la empresa; sin embargo, la mayor parte del desembolso realizado por Repsol
fue para fondos de pensiones que poseían el 63,52% de YPF, a los que se pagaron
10.040 millones de dólares[7]. La propuesta de
administrar la totalidad de la compañía se estructuró a partir de la posibilidad de acceder a un préstamo de 15.000
millones de dólares, logrado mediante un acuerdo entre Repsol y un grupo de bancos,
entre los que se encontraban el BBV, Citigroup, Goldman Sachs, la Caixa y
Merrill Lynch. Ello llevó a la empresa a encarar una ampliación de un tercio de
su capital mediante la emisión de obligaciones negociables.
Para Repsol, YPF representaba un gran valor estratégico debido a
la alta complementariedad entre las empresas. La compañía española tenía el
mayor potencial en la explotación de áreas con hidrocarburos y había
desarrollado las mayores inversiones en la búsqueda de nuevas reservas. Tenía
un alto grado de internacionalización, localizándose en varios países, entre
ellos en Brasil (en asociación con Petrobras), Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Estados
Unidos e Indonesia (con Maxus) y Rusia (con Bitech). En
comparación con las grandes petroleras internacionales, YPF poseía bajos costos
de exploración y amplitud de reservas, mientras que entre sus desventajas se
encontraban, por un lado, los bajos márgenes operativos en el downstream, es decir, en los procesos de
refinación y comercialización. Por otra parte, se sostenía, que las reservas
probadas de crudo representaban 7,9 años de producción, un número bajo
comparado con los 20 años promedio para el total de las reservas argentinas. Repsol pretendía aprovechar la fortaleza de la capacidad
de exploración y producción de hidrocarburos de YPF, conjugándola con su poder
en los procesos de refinación y comercialización. Así, YPF se convirtió en el
vehículo de la articulación del sector energético en América Latina, papel que
en otros momentos había sido desempeñado por Astra (Iza, 2007:13). Repsol pasó
a controlar el 51,2% del petróleo que se extraía en Argentina, el 44,1% del
gas; refinó el 56% de las gasolinas/naftas y el 60,6% del gasoil que se utilizaba.
La mayor debilidad de Repsol se encontraba en los bajos niveles de
reservas de hidrocarburos. Sus activos se dividían de la siguiente manera: 42%
en refinación y marketing, 27% en el negocio del gas y sólo un 23% en
exploración y producción. La compañía petrolera tenía un valor de mercado de
14.000 millones de dólares. Por el contrario, YPF, aunque con una capitalización
de mercado un poco menor (11.500 millones de dólares), concentraba el 64% de
sus activos en exploración y producción. Del resto, un 32% se destinaba a
refinación y marketing. Tras la integración, los activos del grupo quedaron
concentrados en un 39% en exploración y producción, un 38% en refinación y
comercialización y un 16% en gas. Las dos compañías equilibraron el perfil de
negocios y fortalecieron su posición en el mercado petrolero cada vez más
concentrado. La conversión de Repsol-YPF en una multinacional le garantizaba a
la empresa la posibilidad de competir en el concentrado mercado petrolero
mundial. De esta manera, el aumento de reservas de crudo y gas ubicaba a
Repsol-YPF en la posición nueve a nivel internacional, así como en
capitalización bursátil; en cuanto a la capacidad de refinación, llegaba al
séptimo lugar y al octavo en número de puestos de venta en el mundo entero.
II. Repsol-YPF (1999-2012)
Los primeros años del
siglo XXI comenzaron en Argentina con una profunda crisis económica, institucional y social iniciada en
el país a fines del año 2000, que impactó severamente en todas las estructuras
económicas nacionales y como consecuencia de ello también en el desarrollo de
la industria petrolera nacional[8]. La
gravedad de la crisis determinó que el Congreso de la Nación pusiera en vigor
un régimen jurídico de excepción sancionando la ley 25.561 (B.O. 06/01/2002)
que declaró la emergencia pública en materia social, económica, financiera y
cambiaria. Como consecuencia de la vigencia de este régimen de emergencia
económica las autoridades energéticas crearon –sin un ordenamiento adecuado- un
sinnúmero de normas, disposiciones, instrucciones y otras medidas de excepción
al régimen legal vigente, con el objeto de reconducir el sector y procurar la
menor afectación posible al conjunto de los usuarios. Ello, sin tener en
consideración que este desordenado proceso generaría un dilatado sentimiento de
inseguridad entre los operadores e inversores, que contribuyó, entre otras
causas, a una creciente parálisis de nuevas inversiones en las áreas de hidrocarburos
y en los servicios públicos energéticos, con una importante afectación en los
niveles de producción y el descenso de los volúmenes de las reservas.
Esta crisis económica
que se había generado y extendido fuera del ámbito de la industria de los hidrocarburos
impactó severamente en su desarrollo. A ello debe sumarse
el retraso en la concreción de la transferencia del dominio de los yacimientos
de hidrocarburos a las administraciones provinciales, conforme a lo dispuesto
por el artículo 124 de la Constitución Nacional según su reforma del año 1994[9]. Los
sucesivos proyectos no concretados y las constantes indefiniciones retardaron
decisiones relacionadas con la continuidad de las tareas de exploración en
búsqueda de nuevos recursos. El 6 de diciembre de 2006 (doce años después de la
reforma constitucional), el Congreso nacional sancionó la ley 26.197, llamada ley
Corta[10]. El
artículo 1º de esta ley declaraba “que
los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio
de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al
patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados
provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren”. Por ello,
se reconoce a los Estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el dominio originario de los yacimientos de hidrocarburos situados en su
territorio, y en el lecho y subsuelo del mar territorial del que fueren
ribereñas o del Río de la Plata en su caso. También disponía la transferencia a
las provincias, de pleno derecho y sin trámites adicionales, de todos los
actuales permisos de exploración y concesiones de explotación, así como
cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos
otorgado o aprobado por el Estado Nacional, incluyendo la facultad de su
administración, y sin afectación de los derechos de los particulares que los
estuvieren explotando. La ley declaraba de manera expresa que el diseño de las
políticas energéticas a nivel federal sería responsabilidad del Poder Ejecutivo
nacional y que las provincias tenían el derecho exclusivo para otorgar,
prorrogar y declarar la caducidad de permisos de exploración y concesiones de
explotación de hidrocarburos.
En el periodo, iniciado en la segunda
mitad de los años noventa y que se extendió hasta el 2002, se observó una
profunda extranjerización, tanto en la extracción de los hidrocarburos como en
la comercialización de sus derivados[11].
Repsol y el
grupo local Petersen de la familia Eskenazi alcanzaron un acuerdo en diciembre
de 2007, formalizado en 2008, por el cual los Eskenazi adquirieron un 15% de
YPF con una opción de compra por otro 10%, lo que se ha llamado la
“argentinización” de la compañía. Como
consecuencia, Sebastián Eskenazi pasó a formar parte del consejo de
administración de YPF. En aquella oportunidad, el grupo argentino concretó
el pago a través de los dividendos en efectivo que reportó la petrolera y
mediante financiación, mecanismo que repetía ahora en este nuevo acuerdo.
Unos US$ 700 millones serían aportados en un crédito de un grupo de
bancos formado por Credit Suisse, Itaú, Citibank, Standard Bank y BNP Paribas.
El resto sería financiado por Repsol al Grupo Petersen. Esta operación supuso un paso significativo en el cumplimiento del
objetivo establecido por Repsol en su Plan Estratégico Horizonte 2014 de
reequilibrar el peso de su cartera global de activos[12]. Según el
convenio firmado, Eskenazi tenía opción para adquirir otro 10% adicional que
vencería a finales de 2012[13].
A finales de
2010, Repsol dio un nuevo paso en su estrategia de desinversión parcial en
YPF que había puesto en marcha a principios de 2008. A cambio de US$ 500
millones les vendió a dos fondos de inversión estadounidenses un 3,3% de las
acciones de la petrolera argentina. Según la Comisión de Valores de España
(CNMV), los nuevos compradores de las acciones de YPF, que fueron vendidas a
US$ 39, fueron los fondos Eton Park[14]
y Capital Guardian Trust[15].
Este fondo adquirió el 1,63% de YPF por US$ 250 millones. Capital Guardian
Trust desembolsó la misma suma y se quedó con otro 1,63%. Teniendo en cuenta el
precio por acción, el valor de mercado de YPF ascendería a US$ 15.300 millones.
Tras estas operaciones, que se sumaron a la reciente venta de 0,60% de YPF en la
bolsa de Nueva York, el capital de la petrolera quedó repartido de la siguiente
manera: Repsol, 79,84%; Grupo Petersen, 15,46% y en la Bolsa (free float)
el 4,69% restante.
En mayo de
2011 el grupo Petersen acabó de concretar la compra de otro 10% de YPF por US$
1.304 millones. De esta manera, el grupo
que controlaba la familia Eskenazi se quedaba con el 25,46% de la petrolera. Se trata de un paso clave en el denominado
proceso de “argentinización” de la compañía, cuya mayoría (58,23%) seguirá en
manos de Repsol.
Fuente:
Elaboración propia.
Los accionistas principales de
Repsol-YPF en marzo de 2012 los podemos observar en el siguiente gráfico: el
10,01 de Sacyr-Vallermoso pertenecía a la autocartera de Repsol desde finales
de 2011.
Fuente:
Elaboración propia.
El diario económico español Expansión
ante los rumores de una posible expropiación de las acciones de Repsol en YPF,
el 13 de abril de 2012, hizo una valoración basándose en las memorias de Repsol
de 2010 y 2011[16].
Repsol necesitaría vender YPF valorando el 100% en, al menos, 8.200 millones de
euros; si fuera menos, tendría minusvalías. Así se desprende de los datos de la
memoria de Repsol, donde se detallan las últimas ventas de participaciones de
YPF en 2010 y 2011. Entre ellas, figura una pequeña OPV (oferta pública de
venta) en bolsa, el traspaso de un 10% adicional al grupo Petersen (familia
Eskenazi) y la venta de participaciones menores a fondos de inversión como Eton
y Lazzard Asset. En 2010, Repsol vendió un 4,23% de YPF por un importe de 489
millones de euros, con una plusvalía bruta de 139 millones que se anotó en el
epígrafe “otras reservas”; el 100% de la compañía se valoró entonces en 11.560
millones de euros. En 2011, Repsol traspasó un 22,38% de YPF por un importe
neto de 2.327 millones de euros y una plusvalía bruta de 478 millones. En 2011,
Repsol hizo peor venta que en el año anterior, entre otras cosas, porque en el
pasado ejercicio se incluyó el 10% que compraron los Eskenazi, que lo pagaron
valorando YPF en 9.130 millones de euros. Si de la valoración que se hizo de
YPF, tanto en 2010 como en 2011, se descuentan las plusvalías de cada año,
resulta una valoración de la empresa de 8.270 millones de euros en ambos
ejercicios. Por debajo de este listón, Repsol empezaría a generar minusvalías
en caso del traspaso total o parcial del 57,43% que tenía en YPF.
Cotización de Repsol desde que compro YPF,
en € por acción.
Fuente: Repsol-YPF/CNMV.
Elaboración propia.
Tras la re-estatalización de YPF, en junio de 2012, el accionariado de
la empresa había cambiado radicalmente. La actual composición es la siguiente:
51%, en manos del Estado y Provincias argentinas productoras de hidrocarburos[17];
19,5% propiedad de un grupo de bancos internacionales encabezados por Crédit
Suisse; 12,4% propiedad de Repsol; 7,09% (Eton Park
Capital, Capital Guardian Trust y Lazzard Asset Management) y el resto pequeños accionistas (bolsas de Buenos Aires y Nueva York)[18].
El magnate mexicano Carlos Slim entró,
en junio de 2012, como accionista
de YPF al comprar un 8,36% de las acciones a través del grupo
financiero mexicano Inbursa (6,59%), el precio pagado fue el de 11,12 dólares por acción, una
operación que alcanzó los 288,1 millones de dólares; y de la Inmobiliaria Carso
(1,77%), que adquirieron
esas acciones al ejecutar la garantía en títulos de YPF por créditos impagados
por el grupo Petersen. M. Galuccio, director ejecutivo de YPF, dijo que la
incorporación del empresario mexicano al paquete accionarial de la empresa
es "una clara señal" al
mercado financiero internacional[19]. El brasileño Itaú Unibanco se hizo
asimismo con una participación del 3,609% de YPF después de que el grupo
Petersen se declarase insolvente para afrontar el pago de los créditos
concedidos por este y otros bancos para la compra del 25,46% que tenía en la
petrolera expropiada por el Gobierno argentino. En un comunicado a la Comisión
Nacional de Valores, YPF informó que el 12 de junio el banco brasileño ejecutó
14,1 millones de acciones a 11,12 dólares hasta 157,8 millones de dólares (unos
124 millones de euros).
Con estas dos ejecuciones –Slim (8,36%) e Itaú Unibanco (3,60%)- y la
participación del 6% que Repsol tenía pignorada, Repsol cuenta con dos aliados
en su batalla para reclamar un justiprecio por la compañía y los daños y
perjuicios que le ha ocasionado la nacionalización y expropiación. Repsol
mantiene, pues, un 12% de YPF, y ha logrado un puesto en el consejo de
dirección de YPF, que ocupa Luis García del Río.
Las turbulencias provocadas por la expropiación del 51% de las acciones
de Repsol en YPF han tenido repercusiones en la calificación internacional de
Repsol, las agencias de calificación de riesgo financiero Standard & Poors y
Fitch bajaron un escalón la nota de la petrolera pasando de BBB a BBB- (categoría de “inversión especulativa”),
porque consideran que a medio plazo no habrá indemnizaciones por la
expropiación de su filial argentina.
Fuente: Elaboración propia.
III.
Intervencionismo y nacionalismo económico. La re-estatalización de YPF
Según Monaldi, en el marco de
instituciones débiles, cualquier episodio de inestabilidad económica o
política puede inducir a que los políticos tengan altas tasas de descuento,
es decir, que estén dispuestos a sacrificar altos beneficios políticos en el
futuro para obtener alguna ganancia en el corto plazo[20].
Durante
la primera presidencia de Carlos Menem, el proceso legislativo para la
privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) duró 389 días y, bajo
la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el trámite parlamentario
que terminó con la estatalización de YPF se realizó en 17 días[21].
Los tiempos legislativos de la reciente intervención y
estatalización han sido los siguientes: el Mensaje del Poder Ejecutivo Nº
529/12 y proyecto de ley “Declarando de
utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A.,
representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa,
pertenecientes o controladas por REPSOL YPF S.A., sus controlantes o
controladas, en forma directa e indirecta” ingresó por Mesa de Entradas del
Senado de la Nación el 16 de abril de 2012[22]
y dos días más tarde ya se produjo el dictamen conjunto de cuatro comisiones de
la cámara alta; en diez días, el 26 de abril, el proyecto fue aprobado por el
Senado (63 votos a favor, cuatro abstenciones,
dos ausencias y tres en contra) y un día después, el
27, ya tenía dictamen de comisión en Diputados y finalmente, el 3 de mayo
resultaba sancionado (208 a favor y
32 en contra), tras ser aprobado por los
miembros de la cámara baja[23].
La puesta en escena
para la expropiación de las acciones de Repsol en YPF, estuvo milimétricamente
estudiada[24]. La campaña propagandista impulsada desde
el Gobierno y grupos ideológicos afines como la Campora fue intensísima,
teniendo como principal idea fuerza la argentinización y nacionalización del
YPF; llegando incluso a identificar a la presidenta como una parte más del
patrimonio de la Nación. La campaña respondió a la necesidad de búsqueda de
agentes externos que ayudasen a la cohesión interna en un país que se encuentra
definiendo su estrategia de crecimiento. Los recursos
justificativos del acto fueron mucho más allá de la expropiación económica de
las acciones de una empresa extranjera. La fotografía que recoge el acto está
cargada de fuertes simbolismos patrióticos y nacionalistas, que recurren a la
historia y a las pulsiones más atávicas de una gran mayoría de argentinos. El
recurso a la imagen de Evita Perón como trasfondo del acontecimiento entronca
directamente con el imaginario populista y peronista de una Argentina
autosuficiente, con la que la presidenta C. Fernández se encuentra
perfectamente identificada.
CFK anuncia la expropiación de las acciones de Repsol en YPF
16/4/2012
La primera vez que el Gobierno puso
sobre la mesa una posible nacionalización de YPF fue a principios de febrero de
2012, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que no iba a
permitir "volver a los tiempos del virreinato, cuando los españoles se
llevaban de Argentina toda la plata".
Las inversiones extranjeras comenzaron a ser observadas desde una óptica
nacionalista y con claros tintes autárquicos, dentro del más clásico estilo
populista, y en un contexto de graves problemas internos. La cuestión empieza a
verse no como el necesario cambio en la política energética kirchnerista
caracterizada por las subvenciones y
subsidios, sino que se identifican todos los males con la mala gestión de una
empresa extranjera (Repsol-YPF) que controla recursos estratégicos tan
importantes como los hidrocarburos y que conduce al “vaciamiento” por falta de
las necesarias inversiones que consigan el incremento de la producción y la
reducción de importaciones de carácter energético[25].
Las relaciones entre Repsol-YPF
y la clase política argentina se fueron
tensando en los meses anteriores a la expropiación. Las acciones de la filial,
que cotiza en la Bolsa de Buenos Aires, cayeron cerca de un 30% desde comienzos
de 2012 y un 44% desde marzo de 2011 hasta el 14 de abril de 2012. En Wall
Street, los American Depositary Receipts (ADR) de YPF, instrumentos financieros
requeridos a las entidades extranjeras para inscribir sus acciones en la bolsa
neoyorquina, acumulan, desde
comienzos de 2012, una caída del 43,77% y, desde abril de 2012, del 56,93%. Por
otra parte, los títulos Repsol que se cotizan en los mercados
secundarios de Nueva York han sufrido un retroceso del 28,42%
desde enero de 2012 al 16 abril.
Lo
que el Gobierno CFK realmente pretende es solucionar un problema financiero:
las importaciones energéticas del país ya ascienden a 14.000 millones de dólares.
Para ello, el Gobierno estaría adquiriendo Repsol a precio de saldo (tras haber
hundido la cotización de YPF con la retirada de licencias), y, además, el
Gobierno tomaría directamente el control del yacimiento de gas pizarra de Vaca
Muerta, el tercer yacimiento de hidrocarburos no convencionales más grande del
planeta (22.807 millones de barriles equivalentes de petróleo, con un valor de
mercado estimado superior a los 250.000 millones de dólares). Repsol-YPF
informó que en caso de resultar exitosa la exploración en toda la formación
Vaca Muerta e iniciar inmediatamente el desarrollo intensivo del área, en 10
años se podría duplicar la capacidad de producción de petróleo y gas actual en
Argentina. Para ello, sería necesario realizar un esfuerzo inversor que
alcanzaría los 25.000 millones de dólares anuales para poder desarrollar todos
los recursos prospectivos existentes (Europa Press, 8/2/2012). El dos de abril,
A. Brufau, presidente de Repsol-YPF, remitió una
carta a la presidenta de Argentina en la que le ofrecía invertir conjuntamente
para elevar la producción de petróleo en un 30% y de gas en un 20% en cinco
años, y “convertir a Argentina en un país autoabastecido energéticamente y
netamente exportador de hidrocarburos”. El Gobierno argentino no solo rechazó
el ofrecimiento, sino que consideró la carta “autoincriminatoria” y que
reforzaba sus argumentos para la expropiación.
El Proyecto de Ley de 16 de abril insistió
en el concepto de vaciamiento de la empresa, que en multitud de ocasiones ha
sido esgrimido por el viceministro de Economía, A. Kicillof. Se ha intentado legitimar la acción
gubernamental insistiendo en una supuesta estrategia de virtual vaciamiento de la empresa, que se habría plasmado en un
sensible aumento en la remisión de utilidades y dividendos al exterior. Se
acusa de política depredatoria a la principal
accionista desde el año 1999, que habría conducido a una sistemática pérdida de
la relevancia de YPF S.A. en el mercado hidrocarburífero local. Así, mientras
numerosas empresas privadas, tanto extranjeras como nacionales, expandieron sus
inversiones, y con ello su producción, se habría verificado una disminución
progresiva de la relevancia de YPF S.A. en la producción de hidrocarburos: si
en el año 1997 YPF representaba el 42% de la producción petrolera y el 35% de
la gasífera argentina, esta participación se redujo en el año 2011 al 34% y
23%, respectivamente. Y esta misma estrategia se verificaría en la producción
de gas. Entretanto, el consumo de petróleo
en Argentina creció un 38% entre 2003 y 2010, y el de gas lo hizo un 25%. Sin
embargo, según Barclays Capital, la producción de crudo habría caído un 12% y
la de gas solo habría subido un 2,3%. La clase dirigente argentina culpa a
Repsol-YPF de esta situación.
En síntesis, la presidenta acusó
concretamente a Repsol del “vaciado” de YPF a través de reducir inversiones,
reducir la producción, disminuir las reservas y aumentar los dividendos
expatriados a la matriz. Según Xavier Vidal-Folch, con información de Repsol,
las inversiones habían aumentado continuamente desde los 1.000 millones de
dólares de 1999 a los 2.990 de 2011, con dos alzas significativas en 2002 y
2008. Desde 2006 han totalizado 12.618 millones, cantidad superior a los
beneficios obtenidos (7.790 millones). En 2011 lo invertido en YPF supuso el
34% de lo destinado al conjunto de los 40 países donde actúa el grupo
Repsol-YPF. Efectivamente, la producción cayó pero en todos los operadores de
Argentina, la de YPF lo hizo en un 12% en los últimos 4 años, pero sus
competidoras como Chevron o Enap lo hicieron en un 29 y 30% respectivamente. La caída media de la
producción del sector en Argentina, según IAPG, fue del 9%; por lo que la
reducción de la producción ha seguido una atendencia general, propia de unos
yacimientos “maduros”, y no específica de YPF. En cuanto a productos acabados, el ascenso ha
sido sostenido: en naftas/gasolinas, YPF ganó 10 puntos de cuota en 10 años y
en gasoil 8. Contra la acusación de especular, la empresa se vanagloria de
tener los precios más bajos: un 18% inferior a la media en nafta súper y un 21%
en gasoil. Respecto a las reservas de petróleo, no solo no han disminuido, sino
que han aumentado un 5% en YPF, contra un descenso sectorial del 4%; y las de
gas cayeron un 16%, frente a las del conjunto que lo hicieron en un 19%. En cuanto a los dividendos, desde 2006 estos han totalizado 8.175 millones, de los
que Repsol se embolsó 6.844, aproximadamente la mitad de la inversión hecha por
YPF. Desde 1999, Repsol ha recibido 13.727 millones en dividendos, algo menos
que la inversión inicial de 15.005 millones. Ha recuperado la inversión, al
menos teóricamente, porque además vendió acciones por valor de 6.239 millones, que
aún no están del todo pagadas. Pero no obtuvo una rentabilidad espectacular
(sino del 7%-8%, para un coste de financiación del 14%-16%), aunque la
expectativa es que lo fuera a largo plazo.
La plantilla de YPF y sus participadas ha
pasado de 8.867 empleados en 2001 a 16.048 en 2011, casi el doble. De ellos,
menos de 50 son españoles. El primer ejecutivo era el representante del grupo
Petersen, Sebastián Eskenazy, de la familia que entró auspiciada por los
Kirchner[26].
Fuente: Plan
Estratégico 2012-2016, Repsol 2012:9
La respuesta contra el Decreto de
expropiación por parte del Gobierno de España no se hizo esperar. Tanto J. M.
Soria (ministro de Industria) como el ministro de Asuntos Exteriores, José
Manuel García-Margallo, declararon que se trataba de una medida “arbitraria” y
“dañina”, que suponía la ruptura de “la relación de amistad y cordialidad” que
había unido hasta ese momento a ambos países y reprocharon que España había
acudido en socorro de Argentina, cuando el país latinoamericano se encontraba
en sus peores momentos[27]. El presidente de México, Felipe Calderón, lamentó la decisión "poco responsable y
poco racional" de Cristina Fernández, a quien animó a rectificar su
postura, "claramente violatoria de acuerdos y tratados"[28]. No
en vano, Pemex contaba con el 9,49% de Repsol-YPF. Desde
la Unión Europea (UE), el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, John
Clancy, advirtió de que la acción sobre YPF tendrá consecuencias. "Una
expropiación por parte del Gobierno argentino enviaría una señal muy negativa
(...) y podría dañar seriamente el clima de negocios en Argentina"[29].
Tras varios días de neutralidad en el conflicto, el Gobierno de Estados Unidos
expresó su preocupación por la
nacionalización de YPF, y avisó de que
se trata de una medida que puede tener “efectos negativos en el clima de
inversión en Argentina” y “urge a Argentina a normalizar sus relaciones con la
comunidad financiera internacional”. “Estamos muy preocupados por el intento
del Gobierno argentino de nacionalizar Repsol-YPF, cuanto más sabemos de esa
decisión, más nos parece un paso negativo”, declaró en rueda de prensa el portavoz
del Departamento de Estado, Mark Toner.
El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, expresó que el plan de
expropiación de YPF "es un error y un síntoma al que hay que estar
atentos, de si, bajo presión económica, los países van a responder con
populismo y proteccionismo”.
La respuesta a las anteriores manifestaciones por parte de
la presidenta C. Fernández fue la de ampliar las amenazas al resto de las
empresas españolas con inversiones en Argentina, insinuando que la expropiación
de YPF podría ser solo el comienzo de otras. Avisó a las empresas extranjeras
con intereses en el país, como “las telefónicas o bancos”, sobre la “necesidad”
de que reinviertan en Argentina[30]. Según
Emilo J. Apud, ex-secretario de Energía de Argentina, ante la pregunta:
¿Resuelve la crisis energética, la estatalización de YPF, caracterizada por
importaciones crecientes debidas a la pérdida del autoabastecimiento? La
respuesta fue un contundente "no", porque atenta contra la verdadera
solución a la descapitalización que ha experimentado el sector: la inversión.
Pero sí satisface una serie de necesidades políticas del Gobierno, como
revertir la caída de su imagen, desviar la atención pública de los casos de
corrupción e inseguridad, disponer de cargos ejecutivos para repartir
políticamente entre militantes sin experiencia empresarial y, fundamentalmente,
garantizar la caja. Es decir, se han priorizado otra vez las necesidades
políticas sobre los intereses del país. Sin embargo, el Gobierno de Cristina
Fernández y amplios sectores políticos han instalado el mito de que la actual
crisis energética arranca con las privatizaciones para así justificar las
estatalizaciones y la mala política energética implantada por el kirchnerismo[31]. Esa
política energética de carácter intervencionista y cortoplacista, se basó en
transferencia de renta (subsidios al consumo) del sector energético a la
población, en tiempos de elevados crecimientos del PBI. Esta ha sido la
verdadera causa de la estrepitosa caída de reservas y producción, aunque por
supuesto ha tenido un gran rédito político para el Gobierno en las urnas en
2007 y 2011[32].
Los juristas
Agustin Ruiz y Dolores Rufian, consideran que la expropiación de YPF es dudosamente
constitucional y que el Decreto 530 que la auspició está viciado de
arbitrariedad[33]. El
artículo 17 de la Constitución argentina
establece: "La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la
Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley".
Las expropiaciones, tanto en Argentina como en España, deben ser por causa de
utilidad pública establecida en una ley. A diferencia de la española, la
Constitución argentina añade que la expropiación debe ser
"previamente" indemnizada. Repsol se ha visto privada de sus acciones
en YPF sin que exista la ley que establece la utilidad pública de la
expropiación y sin que se haya fijado previamente el justiprecio.
El 10 de mayo Repsol envió una carta a
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se trataba del primer paso para
demandar a Argentina por la nacionalización de la petrolera YPF. La compañía notifica a la presidenta
la declaración de existencia de controversia bajo
el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones[34], controversia
que deberá dirimirse en un arbitraje internacional ante el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)[35],
organismo con sede en Washington dependiente del Banco Mundial. Según la
empresa, la expropiación de YPF implica una violación de los compromisos asumidos por
Argentina bajo el
Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España
y Argentina (APPRIs)[36]. Antonio
Brufau, presidente de Repsol, argumenta que previamente al anuncio de la
expropiación, Argentina sometió a los activos de YPF a ciertas medidas dirigidas a erosionar o destruir su valor[37]. Además,
considera
que la expropiación de las inversiones de Repsol ha sido ilícita
y no ha sido acompañada de ninguna de las garantías exigidas por el citado
Tratado, ni tan siquiera de la que contempla el pago de una indemnización
adecuada y sin demora a cualquier medida expropiatoria.
En definitiva, A. Brufau, tras una
multitudinaria rueda de prensa el 17 de abril en Madrid, aseguró que la
decisión del Gobierno argentino ha sido “irracional”, arbitraria, “ilegítima e
“injustificable; tratándose de un “expolio” perfectamente planificado para
hundir el valor de YPF y quedárselo a precio de saldo. Según el presidente de
Repsol, la razón que explica esta actuación del Gobierno argentino es que con
ella pretenden ocultar la “crisis social y económica que atraviesa el país” y
el propósito no declarado del Ejecutivo que preside C. Fernández de Kirchner
radica en “controlar el gran hallazgo de hidrocarburos no convencionales en
Vaca Muerta, realizado por Repsol-YPF y valorado, solo en la pequeña parte
auditada en más de 13.700 millones de dólares”. A continuación pasó a criticar
la política energética de CFK, argumentando que “el Estado argentino importa
hidrocarburos por los que paga siete veces lo que cobra en el interior” (refiriéndose
a la política de subsidios) e incluso insinuó practicas poco ortodoxas por
parte del Gobierno argentino en la política de precios (“Repsol aplicaba
precios más baratos, porque no pagaba comisiones a intermediarios”, a lo mejor “nos
están pasando factura por eso”)[38].
Lo que reclama Repsol es la
aplicación de los compromisos asumidos en el proceso de privatización de YPF a
finales de los noventa. En ellos, se recogen la obligación del Gobierno
argentino de lanzar una oferta por el 100% de YPF si quiere tomar su control y
poseer más del 15% de las acciones[39].
La empresa considera que el precio que se debería ofrecer en esa OPA es de
46,55 dólares por acción, lo que equivaldría a pagar 10.500 millones de
dólares, por el 57,4% de YPF en manos de Repsol. Por
el contrario, el Gobierno argentino aduce que la empresa no solo ha recuperado
ya todo lo invertido en YPF, sino que además se
ha embolsado 8.813 millones de dólares (unos
6.700 millones de euros al cambio actual) adicionales entre 1999 y 2011
considerando los dividendos distribuidos y la venta parcial de su participación
en la compañía; “si se considera además el valor de las acciones de YPF aún en
manos de Repsol -un 57% del capital-, las ganancias han sido todavía mayores”,
asegura el Ejecutivo de Fernández de Kirchner, que no toma en cuenta las
diferencias de cambio entre el dólar y el euro en el tiempo[40]. A
lo que Repsol replicó que “la rentabilidad financiera anual media desde la
compra de YPF ha sido del 7%-8%, lo que contrasta desfavorablemente con el
coste de financiación en Argentina en dólares, que ascendió al 14%-16%”.
Miguel Galuccio, director ejecutivo
(CEO) y presidente de la "nueva" YPF[41], presentó el plan estratégico de la empresa
2012-2017, el objetivo final de la nueva gestión es aumentar el abastecimiento
de gas y petróleo, para lo cual será necesario llevar a cabo una inversión de 7.000 millones de dólares anuales
en los próximos cinco años, es decir, el doble de la inversión actual, hasta
llegar a un total de US$ 38.500 millones. Con eso se espera llegar, en 2017, a
una producción de 216 millones de barriles de petróleo equivalentes, es decir,
36% más que la producción estimada para este año. Según Galuccio, parte de esa
inversión provendrá del propio flujo operativo de la empresa y de la
necesaria participación de inversores externos,
de compañías que tengan el know how
para la explotación de recursos no convencionales y de otras capaces de aportar
la tecnología necesaria, pero no dijo cuáles. También habló de "socios
financieros" que invertirían en la empresa a través del mercado de
capitales, aunque no detalló el mecanismo financiero que se piensa adoptar[42].
Plan de inversiones de
YPF, 2012-2017
Fuente: YPF/ La Nación, 6/6/2012
La información disponible de la nueva
YPF tras la expropiación, la conocemos por un comunicado de la propia compañía
emitido el 12 de agosto. En él se recoge que entre junio y julio de 2012 sus
beneficios netos alcanzaron los 2.127 millones de pesos (376,4 millones de euros),
en el primer semestre de 2011 las ganancias ascendieron a los 2.367 millones de
pesos (418,8 millones de euros), es decir, un descenso en el beneficio de la
empresa de entorno al 10%. En el segundo trimestre del año las ganancias netas
alcanzaron los 883 millones de pesos (147 millones de euros, un 8% más en igual
trimestre de 2011). En cuanto a las inversiones del primer semestre,
ascendieron a 5.544 millones de pesos (981,2 millones de euros), lo que
representa un incremento interanual del 22,3%. En el mismo comunicado, YPF
anunció un Plan de inversiones para 2012-2017 de 7.000 millones de dólares
(5.700 millones de euros)[43].
CONCLUSIONES
A partir de los trabajos
seminales de R. Coase (1960) y los posteriores de D. North (1995) se ha llegado
a la conclusión de que las instituciones son las reglas del juego que rigen el
comportamiento de las personas y las empresas, proporcionando la estructura de
incentivos y el conjunto de reglas que favorecen la reducción del oportunismo
en los intercambios, que extienden la mutua confianza entre los agentes y, con
ello, la viabilidad a largo plazo de la ejecución de los contratos y el ahorro
de costes de transacción. Por ello, las instituciones se entienden como
procedimientos para estabilizar expectativas.
Los determinantes
institucionales del desarrollo económico argentino fueron analizados en el
Informe 2006 del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el progreso económico
y social en América Latina, en él se clasifica a las naciones latinoamericanas en tres categorías
(“alta”, “media” y “baja”) según la calidad de sus políticas públicas. El
Informe considera que las correspondientes a la República Argentina presentan
una “baja” calidad en materia de “estabilidad”, “aplicación efectiva”,
“coherencia” y “eficiencia”, otorgando también la calificación “baja” al índice
global de las políticas[44].
La característica más notable de las
políticas públicas en Argentina es su volatilidad: fiscal, comercial, regulatoria y social
(P.Spiller y M. Tommasi, 2011), circunstancia que conduce a resultados
económicos y sociales muy inferiores a los deseables.
La historia de incumplimientos de sus compromisos internacionales es, en el
caso de Argentina, interminable. No en vano se trata del país con más causas
activas en el CIADI por denuncias presentadas por empresas e inversores de toda
condición, y lo mismo cabría decir de las deudas millonarias con el Club de
París.
Los Kichner iniciaron la “reargentinización” de antiguas empresas
públicas y privadas propiedad de inversores extranjeros, sobre la base de
presiones, para que sus dueños dieran entrada en el accionariado, caso del
grupo Petersen en Repsol-YPF. De este modo, el Gobierno argentino provocó el
éxodo de empresas multinacionales (Shell y Suez, entre otras) y que la
inversión directa internacional prefiriera ir a países como Chile, México o
Brasil[45].
El
broche final de este proceso lo ha puesto la presidenta C. Fernández con la
expropiación del 51% de las acciones de YPF propiedad de Repsol, incumpliendo
manifiestamente las normas del Derecho Internacional y el Acuerdo para la
protección recíproca de inversiones entre España y Argentina, de 3 de octubre
de 1991. Una decisión que incrementará más el aislamiento internacional de Argentina.
En
definitiva, coincidimos con la apreciación del premio Nobel de literatura Mario
Vargas Llosa cuando escribió que lo ocurrido con Repsol “tiene un curioso sabor
anacrónico, de fuera de época, de reminiscencia rancia de un mundo que ya desapareció.
Parecía ya superada la época nefasta del nacionalismo económico, del desarrollo
hacia adentro, del dirigismo estatal de la economía que tanta violencia y
miseria nos deparó”[46].
BIBLIOGRAFÍA
Apud,
Emilio J., “YPF: para qué sirve la estatización”, diario La Nación: http://www.lanacion.com.ar/1475888-ypf-para-que-sirve-laestatizacion
Campodónico, H. (2004). Reformas e inversión en la
industria de hidrocarburos de América Latina. Series reformas económicas e
infraestructuras, 2004, nº 78.
CEPAL
(1998): Determinantes de la inversión en el sector petrolero gas de la
Argentina. Santiago de Chile.
Damill, M., Frenkell, R. y Juvenal, L. (2003): Las
cuentas públicas y la crisis de la convertibilidad en Argentina. Desarrollo
Económico, 2003, vol. 43, nº 170, pp. 203-229.
Gerchunoff, P. y Aguirre, H. (2004): La política económica de Kirchner en la
Argentina. Varios estilos de agenda, 2004. En http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/122.asp
Gadano,
N. (1998): Determinantes de la inversión en el sector petróleo y gas en la
Argentina.
Gadano,
N. (2006): Historia del Petróleo en Argentina. Ed. Edhasa Argentina. Buenos
Aires.
Herrera,
C. V. (2003): “A 10 años de la privatización de YPF. Análisis y consecuencias
en la Argentina y en la cuenca del Golfo San Jorge”. http://www.creepace.com.ar/notas/20030829-sec_pet.htm
IAPG
(Instituto Argentino del Petróleo y del Gas) (2007): El abecé del Petróleo y el
Gas en el mundo y en la Argentina. Buenos Aires.
Iza, Mª. P. (2007): “El proceso de internacionalización del sector
energético español: Análisis de caso Repsol-YPF" en Contribuciones
a la Economía, agosto 2007. Texto completo en http://www.eumed.net/ce/2007b/mpi.htm
Kosacoff, B. Lineamientos
para fortalecer las fuentes de crecimiento en la Argentina. http://www.ie.ufrj.br/desenvolvimiento/pdfs/lineamientos_para_fortalecer_las_fuentes_de_crecimiento_economico_22Bernardo+Kosacoff%22&hl=es
Kozulj,
R. y Bravo, V. (1993): La política de desregulación petrolera argentina.
Antecedentes e impactos. Bibliotecas Universitarias, Centro Editor de América
Latina. Buenos Aires.
Jozami,
Á. (2003): Argentina: la
desestructuración de una Nación. Mondadori, Barcelona.
Monaldi,
F. (2010): La economía política del petróleo y el gas en América Latina.
Working Paper nº 9, Julio de 2010. Plataforma Democrática. www.plataformademocrática.com.
Montamat,
D. G. (1995) Economía y Petróleo. Buenos Aires.
North,
D. C. (1995): Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. FCE,
México.
Ortiz, R. (2007): Las empresas transnacionales en el
sector petrolero argentino. Agotamiento de los recursos naturales,
comportamiento oligopólico e irresponsabilidad socio-ambiental. FOCO. Cuadernos
de Investigación Nº 2. Buenos Aires.
Rodríguez Martín, A. (2005): El impacto de la crisis
argentina en la inversión de las empresas españolas: El caso de Repsol-YPF.
Sáiz Álvarez, J. M. y del Río Sánchez, F. J. (2004):
La economía latinoamericana en la
globalización. Perspectivas para el SXXI. LibrosEnRed, 2004.
Salas,
H. (2007): centenario del Petróleo Argentino, 1907-2007. Tomo I. IAPG. Buenos
Aires.
Salvia, G. C. y Repond, V. (2012): A 20 años de la
privatización de YPF. Su debate legislativo y el trámite parlamentario de la
reciente estatización. CADAL.
Scartascini,C.;
Spiller, P.; Stein, E. y Tommasi, M. (Eds.) (2011): El juego político en
América Latina. ¿ cómo se deciden las políticas públicas? BID, Colombia.
Spiller,
P. y Tommasi, M.(2003). “The Institutional Foundations of Public Policy: A Transactions Approach
with Application to Argentina”. Journal of Law, Economics, and
Organization 19 (2): 281-306.
Tommasi,
M. y Spiller, P. (2000): Los determinantes institucionales del desarrollo
argentino. PNUD y Eudeba, Buenos Aires, Argentina.
Turic,
M. A. y Ferrari, J. C. (2000): “La exploración de petróleo y gas en Argentina:
El aporte de YPF”, YPF, S.A. Buenos Aires.
Velasco, A. (2012): “The last Argentine picture show. And what a
depressing film it makes”, Project Syndicate: http://www.europeanvoice.com/article/2012/april/the-last-argentine-picture-show/74248.aspx
Yeatts, G. M. (1994): El robo del
subsuelo. Ediciones Lumiere. Buenos Aires.
[1] Las nacionalizaciones se iniciaron en marzo
de 2006, bajo el gobierno de Néstor Kirchner. La primera empresa elegida fue
Aguas Argentinas, la empresa de distribución de agua y saneamiento en Buenos
Aires y 17 distritos, que estaba controlada por la francesa Suez y la española
Aguas de Barcelona, que acudió al arbitraje del Banco Mundial a través del
CIADI (todavía no hay resolución). Con Cristina Fernández se han incrementado
las nacionalizaciones: solo seis meses después de asumir el cargo de
presidenta, anunció la nacionalización de las AFJP (fondos de pensiones
privados) controladas por diez empresas, una de las afectadas fue la española
Consolidar de BBVA, que junto a otras cinco compañías demandó el año pasado al
Estado ante la Justicia federal, como paso previo a decidir si acudirán al
arbitraje internacional. Un mayor impacto internacional generó, en 2008, la
nacionalización de Aerolíneas Argentinas, controlada por el grupo español
Marsans. La empresa seguía con un déficit de 387 millones de dólares en 2011,
Marsans acudió al arbitraje del CIADI con una demanda de 1.100 millones de
euros, que aún se encuentra pendiente de resolución.
[2] En
2005 el total de los subsidios en energía y transporte era de 3.500 millones de
pesos (614 millones de euros), en 2011 fueron 76.000 millones de pesos (13.300
de euros); es decir, en 6 años se han incrementado los subsidios vía tarifas
subvencionadas en casi 22 veces.
[3] Carlos S. Menem,
candidato del Partido Justicialista y ex gobernador de la provincia de La
Rioja, llegó al poder de forma precipitada y en un momento delicado para la
economía argentina al estar en plena hiperinflación, heredando de su antecesor
un panorama bastante complicado. Gobernó dos legislaturas de 1989-1994 y 1995-
1999, teniendo que reformar en 1995 la Constitución vigente, que databa de 1853
para poder hacerlo. En esa reforma, además de facilitar esa posibilidad, redujo
la duración de los mandatos presidenciales de seis a cuatro años.
[4] Cuando en 1992 se
transfirió el dominio de los hidrocarburos desde la Nación a las Provincias se
hizo imprescindible modificar la vieja Ley 17319. Esta necesidad fue incluso
expresada por los legisladores en la Ley de Federalización y Privatización de
YPF (Ley Nº 24.145/92). Todas las áreas concesionadas pasaron a manos de las
provincias productoras, aunque solamente podrían disponer de las mismas a
partir del año 2017.
[5] El
17 de septiembre de 1992, días antes de la aprobación de la venta de YPF, la
Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz aprobó a mano alzada el
proyecto de ley impulsado por la entonces diputada provincial Cristina
Kirchner, titulado "Necesidad de sanción del proyecto de ley de
Federalización de los Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales". En el mismo sentido se expresó su poderoso
marido: “La sanción por la Cámara Baja del Parlamento Nacional de la Ley de
transformación de YPF, que permite una reivindicación histórica, ya que nos va
a permitir cobrar 500 millones de dólares en regalías que le debe la Nación a
la Provincia (…) Para aquellos que dicen que la privatización de YPF es una
entrega de soberanía, para los santacruceños no es (…). No hay nada más
soberano que conseguir inversiones” (Néstor Kirchner, La
Opinión Austral, Río Gallegos, 26/3/1993). Esta
ley provincial permitió destrabar definitivamente la iniciativa privatizadora,
favor que fue muy bien recompensado por el menemismo un año más tarde, en 1993,
cuando Domingo Cavallo, entonces todopoderoso ministro de Economía de la
Nación, les entregó a los Kirchner más de 650 millones de dólares en concepto
de "regalías mal liquidadas", cuyo destino nunca fue debidamente
aclarado. (Lucio Pérez Clavo y Sebastián Mª. Steverlynck: YPF. “Crónica de una
crisis anunciada”, El País
26/4/2012).
[6] La capitalización bursátil del grupo Repsol ascendía en diciembre
de 1999 a 26.000 millones de dólares, con una emisión de 1.188 millones de
acciones, repartidas de la siguiente manera: un 34,5% en poder del núcleo duro
–Banco Bilbao Vizcaya (10%), La Caixa (10%), la mexicana PEMEX (5%), las
eléctricas Endesa e Iberdrola (3,5% cada una) y el resto entre entidades
financieras menores- y el restante 65,5% de las acciones estaban en el mercado.
Había un 20,1% en el tramo minorista, 12,3% en manos de fondos de inversión
españoles, un 15,9% en fondos de Estados Unidos y el 17,2% en fondos europeos.
[7] La operación le
costó 13.158 millones de dólares, de los cuales 739 millones de dólares fueron
para el gobierno nacional por el 5,4% que entregó; cerca de 1.000 millones de
dólares fueron para las provincias que todavía tenían el 6,4%; cerca de 1.300
millones de dólares para pequeños inversionistas y planes de pensiones locales,
lo que equivale al 8%, y 10.040 millones de dólares fueron para inversores
extranjeros, en su mayoría fondos de pensiones estadounidenses que tenían el
63,52% (Campodónico, 2004, Jozami, 2003).
[8] Sáiz Álvarez, 2004;
Damill, Frenkel y Mauricio, 2003; Jozami, 2003; Kosacoff, 2004; Gambina, 2003;
Gerchunoff y Aguirre, 2004.
[9] Las provincias
lograron, primero, la transferencia de dominio de las áreas no exploradas
dispuesta por la ley 24.145 y, luego, la concreción de su máxima aspiración: el reconocimiento del dominio originario de esos recursos.
Para ello, la Convención Constituyente de 1994 incorporó al artículo 124 de la
Constitución Nacional un párrafo estableciendo que “corresponde a las
provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su
territorio”. Se trató de un acto de discernimiento de los recursos naturales,
dando satisfacción política y jurídica a las provincias que durante tantos años
buscaron ese reconocimiento (IAPG, 2007).
[10] Promulgada el 3 de enero
de 2007 y publicada en el Boletín Oficial el 5 de enero de 2007.
[11] Además de la
privatización de YPF y su transferencia a Repsol, ésta también adquirió el
grupo Astra y la mayoría accionaria de Pluspetrol; la norteamericana Amoco
compró el 60% del grupo Bridas y conformó PanAmerican Energy; Petrobras compró
los activos energéticos de Perez Companc; y Shell y Esso mantuvieron su fuerte
presencia en la producción y ventas de naftas/gasolinas, gasoil y otros
derivados.
[12] El 14 de marzo de 2011
el fondo de inversión Lazzard Asset Management de Estados Unidos compró el
3,83% de YPF por 639 millones de dólares, a un precio de 42,4 dólares por
acción.
[13] En 2008, Repsol,
presidida ya por Antonio Brufau y en un contexto económico de recuperación,
accedió a los deseos del Ejecutivo de Néstor Kirchner y facilitó la entrada en
YPF del grupo local Petersen de Enrique Eskenazi. Repsol facilitó a los
Eskenazi apoyo financiero y todo tipo de facilidades. El grupo Petersen
financiaría su entrada con los dividendos a repartir. Según el acuerdo, se
distribuirían hasta un 90% de los beneficios de YPF.
[14] Eton Park se dio a
conocer en Argentina cuando el gobierno de Néstor Kirchner le impidió comprar
la mitad de Transener en 2006, hecho que provocó una protesta de la embajada de
Estados Unidos; después, adquirió casi 5% de Pampa Energía, un grupo fuerte en
generación eléctrica, dueño de Edenor y de la otra mitad de Transener.
[15] A Eton Park se lo otorgó
adicionalmente una opción de compra por otro 1,63%, a US$ 43 por acción, que
podría ejercer en una o varias veces hasta el 17 de enero de 2012. A Capital
Guardian Trust (CGT) se le concedió una opción de venta a US$ 39 por la parte
proporcional de los papeles adquiridos que excediera el 15% del free float de YPF al 22 de diciembre de 2011. Si
a esa fecha Repsol lograba elevar el free
float de YPF del 4,7% al 6,2%
vendiendo más acciones, la opción no sería ejecutable.
[16] Expansión 13/4/2012.
[17] 51% para el Estado Nacional y el 49% restantes para las provincias
productoras de hidrocarburos. Hasta que se concrete la cesión y el pago
de las acciones por parte de las provincias, la Nación tendrá el control de la
empresa.
[18] El grupo Petersen
(Eskenazi) tenía un vencimiento por US$ 400 millones, en 2012,
por los créditos que le
habían dado para comprar las acciones de YPF. Fueron US$ 1.018 millones tomados en 2008 de un consorcio integrado por Crédit
Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa, y otro de 1.015 millones de Repsol para
adquirir 14,9% de Repsol-YPF. En 2011, tomaron otros US$ 670 millones de un grupo formado por Banco Itaú,
Standard Bank, Crédit Suisse y Citi, y otros US$ 670 millones de Repsol para adquirir otro 10% de la empresa.
En todos los casos, los créditos se pagarían con las utilidades generadas por
YPF. Al estatalizarse YPF, la familia Eskenazi ya no tuvo manera de pagar y entró en situación de impago, ante esta situación los bancos citados y
Repsol reclamaron sus acciones, quedando de este modo el Grupo Petersen fuera
de YPF.
[19] Según Carlos Slim Domit,
hijo del magnate, la presencia de Slim en Argentina no fue como la presentó el
Gobierno: "no ha sido una compra, sino el ejercicio de las garantías que
estaban en poder de los bancos" ante la falta de pago de un préstamo de
Petersen, en el que "trabajábamos desde hacía cuatro años". La
operación ascendió a 344 millones de dólares (271 millones de euros). ABC, 21/6/2012.
[20] Monaldi, 2010:14.
[21] Según Salvia y
Repond (2012):
“Está claro que más
allá de las posiciones políticas sobre si YPF tiene que ser una empresa
privada, estatal o mixta, desde el punto de vista institucional la expropiación
impulsada por el kirchnerismo y aprobada con un amplio apoyo legislativo ha
sido en clara violación al principio republicano de publicidad que requiere el
proceso de formación y sanción de las leyes”.
[22] El mismo día 16 de abril, sin
esperar a que el Proyecto de Ley fuese sancionado por el Congreso, su Gobierno
dictó el Decreto 530 ordenando la intervención de YPF. El Decreto 530, con
entrada en vigor y aplicación inmediatas, indicaba que había sido dictado "para
asegurar el total y absoluto cumplimiento de las medidas que se propician a
través del referido Proyecto de Ley" e implicó la atribución de la
gestión de la compañía al Ministro de Planificación, Julio De Vido, a quien
otorgó la condición de "interventor". Posteriormente, se dictó el
Decreto 532 por el que se designó a Axel Kicillof, viceministro de Economía,
como subinterventor. Durante su tramitación parlamentaria, el Proyecto de Ley
fue modificado para extender la expropiación a la participación de Repsol
Butano en la compañía Repsol YPF Gas, S.A., empresa líder de distribución
minorista de Gas Licuado de Petróleo en Argentina. En relación con ello, el 18
de abril el Gobierno dictó el Decreto 557 mediante el que se ampliaba a Repsol
YPF Gas el alcance del Decreto 530 de intervención de YPF (conjuntamente, los
Decretos 530 y 557).
[23] Se trata de la Ley 26741
de Estatización de YPF de 4 de mayo de 2012. La reglamentación de la Ley se
hizo por Decreto PE Nº 1277 (25/7/2012). Artículo 7: “declárase de utilidad
pública y sujeto a expropiación el cincuenta y un por ciento (51%) del
patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las
acciones Clase D de dicha empresa, pertenecientes a Repsol YPF S.A., sus
controlantes o controladas, en forma directa o indirecta. Asimismo, declárase
de utilidad pública y sujeto a expropiación el cincuenta y un por ciento (51%)
del patrimonio de Repsol YPF GAS S.A. representado por el sesenta por ciento
(60%) de las acciones Clase A de dicha empresa, pertenecientes a Repsol Butano
S.A., sus controlantes o controladas”. El proyecto de ley fue aprobado con el apoyo unánime del Frente
para la Victoria (FPV), el partido gobernante, el Frente Amplio Progresista
(FAP) y la Unión Cívica Radical (UCR). La mayoría de los diputados del Frente
Peronista y la Coalición Cívica votaron también a favor, aunque algunos se
abstuvieron o se ausentaron. Propuesta Republicana (PRO), liderado por Mauricio Macri, se convirtió
en el único
partido que lo rechazó de forma unánime.
[24] El Gobierno
quiso revestir la ocasión con aires de acontecimiento histórico, festivo,
patriótico y nacionalista. Invitó a los
palcos del Congreso, donde se desplegó una gran pancarta con la imagen de Néstor
Kirchner enmarcado por la bandera argentina, a gobernadores, alcaldes,
fundadoras del movimiento Madres de Plaza de Mayo, filósofos y artistas afines.
Fuera del recinto, las juventudes peronistas también se dieron cita para
conmemorar la sanción de la ley con cánticos peronistas y fuegos artificiales.
Toda una estética marcada por el más genuino estilo populista. Es conveniente
recordar el gran respaldo electoral de la presidenta, Cristina
Fernández ganó las
presidenciales de 2011 con un 54% de los votos, más
que el 51% de Raúl Ricardo Alfonsín en 1983, mucho más que el 48% de Fernando
de la Rúa en 1999, más que el 47% de Carlos Menem en 1989 y más que el 49,9% de
Menem en 1995; muchísimo más que el 22% con que Néstor Kirchner ganó en 2003 y
más que el 45% que sacó ella misma en 2007.
[25] Estas declaraciones contrastan con las que
realizó la presidenta Cristina Fernández el 22 de diciembre de 2009, en que se
refirió a YPF como “la más grande e importante en términos de volumen económico
y de aportes contributivos al Estado”; también con las realizadas por el
vicepresidente, Amado Boudou, en febrero de 2011 contra las actuaciones de
otras compañías petroleras: “YPF está haciendo un esfuerzo muy fuerte, está
atendiendo el 64% del mercado y no es saludable que otra petrolera pretenda
avanzar sobre el conjunto de sus competidores y sobre los consumidores argentinos”.
El ministro de Planificación, J. De Vido, señaló: "En Argentina las
empresas tienen seguridad jurídica, por eso no hay motivo alguno de
preocupación, especialmente en el caso de YPF, ya que conocemos con detalles su
plan de negocios e inversión y nos parece adecuado a las necesidades del
país". Entre todas las frases, resulta especialmente llamativa, y no tan
conocida en la opinión pública, la que pronunció en noviembre de 2011 el que
entonces era representante del Estado en la dirección de YPF, Roberto Baratta:
“El Estado Nacional está en todo de acuerdo con las actividades que la
compañía- Repsol-YPF- viene desarrollando”. Resulta interesante recordar que la
presidenta y su marido estuvieron entre los líderes más entusiastas de la
desnacionalización, y que ambos consiguieron gracias a la privatización 500
millones de dólares que nunca reaparecieron. Fueron los Kirchner también los
que obligaron a Repsol a venderle a sus amigos Eskenazi una parte importante de
la empresa con el dinero de la propia empresa, y apoyaron y elogiaron con todo
entusiasmo a esa empresa argentinizada, siendo ellos también los que gobernaron
durante estos nueve años de desnacionalización y desinversión (Martín Caparros,
La Nación 16/4/2012).
[26] Vidal-Folch, X.: “Repsol,
¿fiera depredadora?” (El País
19/4/2012).
[27] El Gobierno de España
anunció la puesta en vigor de la orden de asignación del biodiesel elaborada
por el anterior Ejecutivo para frenar la entrada en España de este tipo de
carburante que venga de Argentina. Esta orden, que estaba paralizada desde
octubre de 2010, establece un sistema para la protección de la industria
nacional frente a las importaciones de terceros países. Según el último Anuario
de Aduanas, Argentina exportó a España más de 430.000 toneladas de biodiesel,
lo que supone el 53% del total de las importaciones españolas de este producto.
En los últimos años, las compras de estos productos a Argentina han pasado de
90 a 700 millones de euros, lo que supuso la práctica totalidad de los 706
millones de euros en productos químicos que entraron desde el país
suramericano, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio. La respuesta argentina a
la decisión del Gobierno español de reducir las importaciones de biodiesel es que no habrá respuesta, al menos eso ha dicho la
presidenta CFK durante un acto público en la provincia de Santa Cruz. Eso sí,
con sus declaraciones, la presidenta ha asegurado que su país respetará la
decisión, aunque España tendrá que comprar el combustible "más caro y no
sé cómo afectará eso en su economía". "No haremos ningún
planteamiento" ante la Organización Mundial del Comercio. "No diremos
que nos están cerrando las exportaciones, no habrá diatribas, no somos así,
somos gente de trabajo", ha asegurado Cristina Fernández. "Somos
gente muy respetuosa de la soberanía de los países, por eso somos tan celosos
cuando tomamos decisiones soberanas", argumentó haciendo referencia a la
decisión de expropiar el 51 por ciento de acciones de YPF a Repsol (21/4/12). No fue así, ya que en
agosto de 2012 denunció esta resolución del Gobierno de España ante la OMC. La balanza comercial
entre España y Argentina en 2011 arrojó un déficit de 946 millones de euros.
Las importaciones españolas de productos argentinos sumaron 1.770 millones,
frente a las exportaciones que ascendieron a 824 millones de euros (ICEX,
2012).
[28] Declaración
oficial del Gobierno:
México
considera que América Latina debe tener en cuenta que si se desea alcanzar
crecimiento con empleo y desarrollo sustentable para los pueblos, el camino no
son las expropiaciones, el camino es el comercio, el intercambio y las inversiones
recíprocas Por ello, es imperativo preservar un ambiente de certidumbre y
confianza en los intercambios económicos y, de manera destacada, en las
condiciones que hacen posible la inversión tanto interna como extranjera.
[29] El vicepresidente de la Comisión Europea, el
italiano Antonio Tajani, expresó: "Nuestros servicios jurídicos estudian,
de acuerdo con España, las medidas a adoptar. No se excluye ninguna
opción". La UE no descarta elevar una queja ante la Organización Mundial
de Comercio y activar subidas arancelarias para las exportaciones argentinas.
Estaba previsto que Argentina perdiera sus privilegios arancelarios con la UE
en 2014 en productos como la soja, el biodiesel o las carnes. Por amplia
mayoría, los eurodiputados han aprobado una resolución que pide a la Comisión y
al Consejo de la UE que valoren opciones como la "posible suspensión
parcial" de Argentina del sistema generalizado de preferencias (SGP), del
que se benefician las exportaciones de ese país para entrar al mercado comunitario.
Alrededor del 27% del total de las exportaciones de Argentina a la UE (equivalentes a 2.400
millones de euros) se benefician de este tipo de ventajas
comerciales, según datos de 2010. En particular, productos como biodiesel, aceite de soja, aceite de semilla de
girasol, camarones y filetes de merluza congelados, zumo de
limón, tabaco, mandarinas y uva de mesa. La suspensión de estas ventajas
arancelarias es la única medida
concreta que
incluye la resolución pactada por los principales grupos políticos de la Eurocámara.
[30] Tras hablar sobre
Aerolíneas Argentinas y su desaparición, la presidenta pasó a comentar otros
sectores en los que España tiene inversiones en Argentina: "Tengamos claro
que las empresas que están aquí, aun cuando sus accionistas son de fuera, son
empresas Argentinas", se refirió a "las telefónicas, alguna de ellas
es española y nos sometió a un apagón recientemente y espero que el ministerio
actúe pronto en consecuencia…", en clara referencia a Movistar. El 2 de abril de 2012 una avería en los sistemas de la
filial argentina de Telefónica afectó a 16 millones de usuarios del servicio de
telefonía móvil y a una porción menor de telefonía fija. Tras el “apagón”, el
Gobierno argentino señaló que estudiaba imponer la “máxima” multa posible contra
Movistar, la empresa manifestó su intención de resarcir a sus clientes por el
incidente.
[31] Las estadísticas,
avaladas por la realidad, indican que a principios de los 2000 el sistema
energético funcionaba bien, estaba correctamente estructurado y contaba con un
stock suficiente que permitió superar los años de la crisis económica hasta
comienzos de 2003 prácticamente sin inversiones y sin alterar la oferta. Entre
2001 y 2010 se invirtió en el sector una cuarta parte que en los 90, lo que
produjo caídas en la producción de petróleo de más del 25% y crecimiento cero
en la de gas, mientras las demandas aumentaban 40%.
[33] A.
Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de
Granada y D. Rufían Lizana es profesora de derecho Financiero y abogada en
Chile. Ambos firman un artículo titulado “Todavía quedan jueces en Buenos
Aires” (El País, 27/4/2012).
[34]Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de
Inversiones entre el Reino de España y la República Argentina firmado el 3 de
octubre de 1991 y que entró en vigor el 28 de septiembre de 1992.
[35] De las 48 demandas
contra Argentina en el CIADI, 24 han concluido y 24 continúan pendientes. De
las 24 concluidas, la mayoría de ellas fueron discontinuadas por parte de las
empresas demandantes porque llegaron a un acuerdo con el Gobierno. Les convenía
desistir del resarcimiento con tal de conseguir nuevos negocios en Argentina,
fue el caso de Telefónica. Algunos fallos fueron contrarios a las compañías, en
muchos casos por cuestiones de procedimiento, dado que las demandas deben
presentarse primero en el país de origen del conflicto antes de ir al CIADI. De
los 24 juicios pendientes, muchos de ellos se encuentran suspendidos por
decisión de las empresas, dado que están en plena negociación con el Gobierno
argentino. Es el caso de Gas Natural Fenosa, que continúa operando en Argentina
y espera que alguna vez se produzca la revisión integral de las tarifas, algo
que viene reclamando desde la crisis de 2001. Entre las demandas pendientes
figuran las de Enersis (filial chilena de Endesa), Marsans y Agbar.
[36] Los Tratados
de Promoción y Protección de Inversiones son tratados bilaterales de naturaleza
recíproca que contienen medidas y cláusulas destinadas a proteger, en el plano
del derecho internacional, las inversiones realizadas por los inversores de
cada Estado-Parte en el territorio del otro Estado-Parte. Su objetivo es
proporcionar un ambiente estable y favorable a la inversión que permita reducir
los factores de incertidumbre política y jurídica que a veces afectan al
desarrollo de los proyectos de inversión a los que se suele enfrentar la empresa
en el exterior. Son suscritos principalmente con países no miembros de la OCDE.
En ellos los Estados asumen internacionalmente ciertos compromisos de trato a
las inversiones procedentes del otro Estado y permiten en caso de discrepancias
o controversias dirimirlas en un foro más neutral que la de los tribunales del propio
Estado que adopta las medidas que afectan negativamente a
esas inversiones extranjeras.
[37] Mediante la sucesión de estas
medidas, Argentina ha destruido la
inversión de Repsol en YPF y le ha arrebatado los derechos que le correspondían
como legítimo accionista mayoritario de dicha compañía. Además, la Ley extiende la expropiación también
a la participación de Repsol Butano en Repsol YPF Gas. De este modo, Argentina ha violado flagrantemente las
garantías que el Tratado brinda a Repsol y Repsol Butano, y a sus inversiones
en Argentina. Repsol y Repsol Butano son personas jurídicas constituidas según
el Derecho español y con sede en España, cuyas inversiones en Argentina se
materializan a través de su participación accionarial en YPF (equivalente al 57,43% del capital social de YPF, en poder
de Repsol), así como en Repsol YPF Gas
(equivalente al 84,997% del capital social de Repsol YPF Gas, titularidad
directa de Repsol Butano e indirecta de Repsol). Por tanto, las participaciones de Repsol en YPF y de
Repsol y Repsol Butano en Repsol YPF Gas se encuentran protegidas por el
Tratado.
[38] El País, El Mundo, ABC… (18/4/2012).
[39] En los artículos 7 y 28
de los estatutos de YPF, se indica que una adquisición de control implica la
aprobación por parte de la junta de accionistas y el lanzamiento de una Oferta
Pública de Adquisición (OPA), por la que se obliga al Estado a lanzar la oferta
sobre todas las acciones de clase D para asumir este control.
[40] Según
el viceministro de Economía, A. Kicillof, Repsol se ha embolsado vía dividendos
cerca de 15.000 millones de dólares de YPF, una cifra parecida a la pagada en
1999 por su compra. Por este motivo, entiende que no existe dolo a la hora de
recuperar YPF, lo que puede hacer que el justiprecio a pagar sea simbólico.
Kicillof, dio a entender que argentina no pagaría ninguna indemnización porque
la deuda de YPF, presuntamente suma unos 6.800 millones de euros; y que, entre
1999 y 2011, se cobró dividendos por 11.900 millones de euros, en su mayoría
girados a España.
Resultados
contables de Repsol-YPF, según Gobierno argentino, abril de 2012:
Inversión de REPSOL para adquirir el 97,8% del paquete accionario en 1999
|
-13.158 millones US$
|
Total de dividendos cobrados
por REPSOL 1999-2011
|
+15.728 millones
US$
|
Ingresos de la venta del 25.46%
de YPF al Grupo PETERSEN
|
+3.539 millones US$
|
Ingresos de la venta del 17.09%
de YPF en bolsa y a otras empresas
|
+2.704 millones US$
|
SALDO DE
LA INVERSIÓN
|
+8.813 millones US$
|
[41] El nuevo consejo de
dirección de YPF está formado por 17 miembros titulares y 11 suplentes,
presidido por M. Galuccio y A. Kicillof (viceministro de Economía e inspirador
de la expropiación), en su mayoría representantes del Estado nacional argentino
y de las diez provincias petroleras del país, mientras que Repsol, que mantiene
una participación del 12% en YPF, tiene un representante.
[42] Hay que recordar que la Argentina no acude al
mercado internacional de capitales desde que declaró el default de su deuda y que las empresas nacionales que buscan
financiamiento en el exterior deben pagar una elevada tasa de interés, como
consecuencia de la baja calificación de la deuda soberana del país. En este
contexto adquiere más trascendencia la intención del Gobierno de impulsar que
sean los bancos locales los que le presten dinero a YPF. La Nación (6/6/2012).
[43] Información facilitada
por la Agencia EFE, 18/8/2012.
[44] En este mismo ranking se reconoce una puntuación “alta” en el
índice global a Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y
Uruguay, reservándose para Chile la categoría de “muy alta”. En el mismo
Informe se recoge también que Argentina presenta un nivel “alto” de corrupción
en materia de inversión empresarial, frente al “bajo” nivel de Chile o el
“medio” de Brasil, Colombia y México. Y, como conclusión, afirma que “ciertas
características clave de las políticas públicas, como su estabilidad y su
calidad, son tan importantes como el contenido específico de las mismas para el
desarrollo económico”. Algo que advierte también la CEPAL (ONU) cuando,
refiriéndose a Argentina, señala que “una economía en donde las condiciones
futuras son muy inciertas y donde, al mismo tiempo, se desconfía mucho de la
discrecionalidad del Gobierno, tendrá dificultades para establecer un marco
apropiado de políticas”.
[45] Un informe de CEPAL señaló en 2008 que la República de El Salvador
superó a Argentina en el saldo neto de inversiones extranjeras en el bienio
anterior.
[46] Mario Vargas Llosa : “La
guerra perdida” (El País, 22/4/2012).
No hay comentarios:
Publicar un comentario